Gibraltar: Las cartas sobre la mesa

En las ultimas semanas tres hechos han venido a clarificar el momento actual del contencioso colonial de Gibraltar.

Primero, Jack Straw, ministro de Asuntos Exteriores británico, comparecía sorpresivamente en su Parlamento para reafirmar la voluntad del Gobierno británico de llegar a un acuerdo con el Estado español sobre Gibraltar, según la metodología conocida y con el régimen de cosoberania como propuesta de solución al conflicto. La declaración de Straw se producía en plena crisis entre Marruecos y el Estado español a cuenta del islote Leila-Perejil.

Segundo, Peter Hain, ministro británico para Europa, en una entrevista en EL PAÍS, aclara, en términos casi de ultimátum, que la posición británica exige que el acuerdo de cosoberania con el Estado español sea permanente y que excluya a la base militar (el 40% del territorio de la Colonia) que seguiría bajo exclusiva soberanía y control británicos, aun cuando se permitiera su uso por las FFAA españolas como cualquier otro aliado de la OTAN, es decir, como si fuera Dinamarca. Al poco, el primer ministro Blair, avala en rueda de prensa este posicionamiento.

Tercero, Peter Caruana -alcalde de la Colonia con el titulo de ministro-principal- anuncia su intención de convocar unilateralmente en octubre un referéndum para que los ciudadanos con estatus gibraltareño se pronuncien sobre los acuerdos hispano-británicos. El Gobierno británico declara inmediatamente que no concede ningún valor a esa consulta.

De esta manera, un proceso que aparentemente aparecía bloqueado, toma nueva vida por iniciativa británica, aunque lo hace en forma harto problemática.

El colonialismo británico evidencia su interés por asegurar su presencia en el Peñón, alterando formalmente su régimen. El Gobierno británico quiere que el Gobierno español abandone sus títulos histórico-jurídicos, provenientes del Tratado de Utrecht, a cambio de la imagen de ver ondear en Gibraltar la bandera española junto a la británica. Desde el punto de vista del colonialismo británico, su propuesta implicaría que la cuestión de Gibraltar desaparecería de la ONU y dejaría de incordiar en la Unión Europea con el aval español, sin por ello verse afectado el régimen de privilegio de Gibraltar, los intereses británicos en la Roca y su separación institucional del resto de Andalucía. El carácter indefinido del acuerdo -sin disposiciones de revisión ni plazos de transición a la soberanía española- conferiría a la posición británica todas las ventajas de la actual situación sin ninguno de sus inconvenientes. Extremadamente significativa es la clarificación de la postura británica sobre la soberanía de la base militar -rectificando incluso declaraciones previas del embajador británico en Madrid que asumían el doble mando hispanobritánico- que ahora se explicita que sería de exclusiva titularidad británica, según el modelo chipriota. Esto supone sustraer buena parte de la extensión de la colonia al régimen de cosoberania y muestra que, incluso hoy, siguen vigentes las iniciales motivaciones militares para la ocupación británica del Peñón. Además, se desprende de ello que el dispositivo militar imperialista angloyanqui entiende que en Gibraltar ni siquiera es suficiente lo que ya disfruta en Rota y Morón, bases militares también ubicadas en territorio andaluz.

Caruana, por su parte, ha decidido sacar ahora a la superficie su recurso de convocar un plebiscito a la rhodesiana para mostrar que la población de la Colonia con estatus gibraltareño no está de acuerdo con el plan hispano-británico. Londres ha dicho reiteradamente que el hipotético acuerdo entre Gran Bretaña y el Estado español -formalizado como una declaración conjunta- no sería operativo hasta contar con el asentimiento de los gibraltareños. No obstante, es obvio que aparte de establecer un horizonte delimitado sobre el futuro de la Colonia, el acuerdo beneficiaría a los británicos desde su misma firma con Madrid, permitiéndoles forjar eje en la UE sin la molestia del contencioso gibraltareño. Lo que Caruana pretende con el anuncio es, primero, intentar mantener abiertas sus expectativas de acceder al régimen de la Isla de Man, ideal para mantener con plena seguridad el entramado financiero que sostiene la economía de la Colonia; segundo, condicionar el curso de la política británica y reafirmar sus pretensiones de reconvertir a la población colonial en un sujeto más y además definitorio para la resolución del conflicto. La respuesta británica a esta iniciativa -calificándola de excéntrica, ilegal, irrelevante e innecesaria- afirmando que el único plebiscito que puede valer es aquel que cuente con la autorización británica,  ha evidenciado nuevamente que los pretendidos derechos de la población colonial sólo han contado y cuentan para Londres en tanto sirvan para encubrir y facilitar los intereses británicos. Joe Bossano -líder de la oposición gibraltareña-  descubre ahora la hipocresía británica, haciendo expresa referencia a la diferente actitud de Londres que hoy no reconoce el mismo ejercicio plebiscitario que en 1967 impulsó para dar cobertura a su continuidad colonial.

Desde Andalucía sólo cabe rechazar con contundencia el proyecto hispano-británico. En otras ocasiones ya hemos advertido que para Andalucía podría ser tácticamente interesante, como expediente temporal, que Gibraltar pasara a soberanía española; esencialmente porque así se eliminaría la interferencia política y militar británica presente y futura sobre Andalucía y dejaría la tarea de emancipación nacional andaluza sólo en conflicto con el Estado español. Los términos descritos de la propuesta británica no ofrecen siquiera esas concretas ventajas y las declaraciones del Gobierno español vuelven a demostrar que, también en este asunto, el Estado español actúa contra los intereses andaluces. Obviamente, el movimiento nacionalista andaluz no puede ni reconocer ni entenderse comprometido por los pactos que puedan rubricar Londres y Madrid, ni mucho menos admitir que estos afecten en lo más mínimo los inalienables e imprescriptibles derechos de Andalucía a su plena integridad territorial.

Por otra parte, lo que puedan pensar o desear los ciudadanos con estatus gibraltareño sobre la soberanía del Peñón y su futuro territorial es una cuestión simplemente irrelevante. Tan previsible es que ahora tanto llanitos como ceutíes o melillenses -como antes hongkoneses, pied-noirs o caldoches- propugnen masivamente el mantenimiento de sus respectivas situaciones coloniales como que, desde un punto de vista consecuentemente democrático y por tanto anticolonial, esa opinión no tenga el menor valor. Los derechos e intereses de esas poblaciones a tener en cuenta y a respetar, son de otra naturaleza y en absoluto pueden integrar ninguna capacidad para determinar y ni aún condicionar el futuro de soberanía de esos enclaves coloniales. Desde Andalucía podemos desear, trabajar y confiar en reintegrar a la nación andaluza a los andaluces con estatus gibraltareño, una vez eliminado el poder colonial y subrayar nuestro interés por contar con la inestimable aportación de sus peculiaridades culturales y lingüísticas como elemento de enriquecimiento de la identidad nacional andaluza pero, igualmente, hemos de advertir que no podemos ni debemos supeditar los derechos nacionales andaluces en la recuperación de nuestra integridad territorial a posiciones colonialistas irreductibles o intereses egoístas.

En cuanto a este ultimo aspecto de la cuestión, es interesante reseñar la contumacia -digna de mejor causa- de ERC en su actitud procolonialista en la cuestión de Gibraltar, como muestran nuevamente las ultimas declaraciones de su portavoz Joan Ridao sosteniendo la iniciativa plebiscitaria de Caruana. Parece claro que esta organización catalana manifiesta un notorio desprecio por la posición e intereses de Andalucía en este conflicto, que sólo lee en clave hispano-británica, llevándole paradójicamente a asumir posiciones del mismo tenor que el unionismo probritánico norirlandés. Resulta una sustanciosa incoherencia por parte de ERC que a los pocos días de hacer justa y valiente referencia al colonialismo español en Marruecos a cuenta de los enclaves de Ceuta y Melilla no aplique a Gibraltar y al colonialismo británico en Andalucía idénticos criterios.

ANDALUCIA LIBRE nº 133

miércoles, 31 de julio de 2002 17:30